Erick Olivera Méndez
La decisión de Dinamarca de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años reabre el debate global sobre salud mental infantil y el ecosistema digital. Aunque aún falta claridad en la implementación de la medida, el argumento político se centra en que las plataformas digitales, tal como están diseñadas hoy, representan riesgos para el bienestar de niños y adolescentes. Y esos riesgos ya no pueden seguir siendo gestionados únicamente por padres, escuelas o tutores. La pregunta, incómoda pero necesaria, es si el Estado debe intervenir para proteger la salud mental de los menores, aun cuando ello implique restricciones sobre el acceso a tecnologías.
Las cifras en Dinamarca registran que 94 por ciento de los niños menores de 13 años ya utilizan redes sociales, pese a que las propias plataformas declaran lo contrario en sus normas. La exposición temprana a contenidos violentos, sexualizados o que promueven autolesiones no es un caso aislado; es parte del diseño algorítmico que prioriza la atención constante, la comparación social y la permanencia en pantalla. La ministra de Gobierno Digital dijo que las empresas tecnológicas cuentan con recursos suficientes para crear entornos más seguros, pero no existe un incentivo real para hacerlo mientras el modelo de negocio siga basado en la explotación del tiempo y la vulnerabilidad emocional de sus usuarios más jóvenes.
Las redes sociales pueden ser espacios de creatividad, expresión y aprendizaje, pero ignorar el costo psicológico asociado a su uso desregulado es negar una realidad documentada en estudios que vinculan el uso intensivo de plataformas con síntomas de ansiedad, depresión, trastornos de imagen corporal y dificultades de concentración.
Australia dio un paso previo con una prohibición para menores de 16 años, acompañada de multas millonarias para las plataformas que no cumplan. El Reino Unido optó por otra ruta, ya que más que prohibir, obliga a proteger, exigiendo configuraciones de privacidad estrictas por defecto y restricciones a los mecanismos que buscan incentivar adicción. Francia abre investigaciones contra algoritmos que exponen a menores a contenido dañino. China experimenta con límites de tiempo de pantalla y modos de control parental obligatorios. La Unión Europea, con la Ley de Servicios Digitales, establece un marco regulatorio pero se detiene ante la prohibición total.
La pregunta ya no es si se debe actuar, sino cómo. La regulación debe ir acompañada de alfabetización digital, apoyo psicológico accesible y diálogo constante entre familias, escuelas y plataformas. Si algo nos enseñó la revolución tecnológica es que ninguna política es definitiva. Pero el bienestar de las infancias no puede ser el último paso, sino el primero. Dinamarca abrió la puerta. El resto del mundo deberá decidir si prefiere mirarla desde lejos o atreverse a cruzarla.